Por Roberto Chiti – Director de Análisis Político de DP.
La evolución de las estadísticas más recientes de piquetes permite corroborar los componentes particulares, complejos y poco previsibles que tiene la problemática de la conflictividad social en nuestro país.
En este sentido, los 435 cortes del mes de junio registrados a nivel nacional en el nuevo informe de Diagnóstico Político, dan cuenta de un incremento del 8% con relación a los contabilizados en mayo. A pesar de ello, estos datos ratifican la tendencia a la baja que viene caracterizando al 2019 con relación al año precedente. Es decir que el balance de cortes de calle de la primera mitad del año muestra una baja del 14% con respecto a 2018, y que, a excepción de febrero, los 5 meses restantes tuvieron menos piquetes que los respectivos del año anterior.
Tal disminución no deja de resultar llamativa en el marco del difícil contexto económico y social que atraviesa el país.
Sin embargo, la mayor calma en las calles más bien parece confirmar una propensión que se ha venido reiterando en los últimos años, en sintonía con el ciclo electoral. La dinámica que se observa muestra que la cantidad de piquetes ha disminuido en los años impares o electorales con relación al año que lo antecede, para volver a aumentar en el año sucesivo: en 2015 (6.323 cortes) disminuyó con relación a 2014 (6.805); en 2017 (5.221) respecto a 2016 (6.421); y lo mismo está ocurriendo este año (2.493) con relación al primer semestre de 2018 (2.915).
Así, puede considerarse la confluencia de dos factores que permiten explicar esta tendencia.
En primer lugar, la propia dinámica de política económica que ha caracterizado al país en los años recientes muestra que, en períodos electorales, los gobiernos son más expansivos con el gasto. Lo cual lleva a que la economía en crecimiento impacte positivamente en los distintos sectores de la ciudadanía, mejore el humor social y desincentive la movilización callejera.
En este punto, la evidencia estadística muestra que hay una cierta correlación entre crisis económica y mayor protesta social en las calles. Y que, como ha quedado demostrado en diciembre pasado, esa conflictividad potencial puede ser atenuada por la intervención del gobierno, a través de la negociación y del incremento en los fondos de asistencia social a las organizaciones piqueteras.
El segundo factor está dado por una cuestión de estrategia (o de mera especulación) electoral, por parte de determinados sectores de oposición. Considerando la explícita vinculación entre algunos espacios políticos con los grupos piqueteros, parece hacerse cada vez más inevitable la necesidad de aquellos de no quedar ligados a acciones que suelen afectar y exasperar, más que a nadie, a las clases medias urbanas, por lo general las más afectadas por los cortes de calle. Por lo que ante un escenario de alta polarización como el que se registra desde 2015, esta inclinación –nada espontánea- a la moderación de parte de sectores con tendencias autoritarias, obedece básicamente a la intención de captar votantes independientes, presumiblemente decisivos para el resultado electoral. Tal razonamiento parece estar verificándose sobre todo en la conducta de los sectores ligados al kirchnerismo, y no así en las agrupaciones de izquierda, que encuentran en la protesta social y el piquete una forma de legitimarse ante sus bases.
Todo lo expuesto deja en evidencia que, más allá de la indudable mayor tranquilidad que se aprecia en las calles en los últimos meses, las condiciones que explican el fenómeno piquetero están latentes. No existen aún indicios de que se estén dando pasos consistentes para encaminar al país hacia la normalidad en materia de orden público.